19 feb 2009
17 feb 2009
JUSTICIA Y PAZ…Más de mil víctimas en el Putumayo.
Por: Journal Agency Birtual News.
La situación en el bajo Putumayo con respecto a la aplicación del Programa de Justicia y Paz, particularmente en los Municipios de Puerto Asís y Orito no ha tenido la asistencia que esperan quienes se han vinculado. De igual manera hay desconocimiento casi total sobre las bondades de este.
Existe confusión entre las víctimas sobre la reparación por vía administrativa y por la vía judicial. Se ha logrado percibir que estas personas se interesaron por llenar los formularios cuando Acción Social les dijo que la reparación sería económica. Algunos como en el caso de Ruth Suárez, quien sufre el flagelo de la desaparición de su hijo hace 30 meses, prefieren no tener relación con el programa y guarda la esperanza de tener noticias o pruebas de supervivencia.
Algunos, en otros casos manifiestan haber elaborado documentos hace alrededor de dos años, como Emérita Revelo, quién dice que su hijo Robert Llerena Revelo desapareció en La Hormiga y nunca logró recuperar documentos de él. Sólo hace un año envío algunos requerimientos para ingresar al programa de Acción Social. Dice que en el mes de diciembre de 2007 recibió una carta de la Fiscalía pero a su edad no entiende los términos y no sabe que hacer.
Otro caso como el de Yolanda Bocanegra, quien ha abandonado el Putumayo por las condiciones económicas de la región, ha confiado copias de documentos a alguna persona que se ha ofrecido para adelantar gestiones en Bogotá. Su hijo Jorge Erazo Bocanegra desapareció hace seis años y saben que esta muerto.
Henry Díaz Rosero, afirma que ha recibido tres escritos del Programa de Justicia y Paz, pero no ha tenido ningún tipo de contacto con el defensor público. La última carta la recibió en diciembre pasado. Neila Emperatriz Rosero su madre, murió a manos de un grupo armado hace seis años.
Los familiares de personas secuestradas que han revelado sus casos y que no supera las diez en la región, mantienen la esperanza y esperan noticias suyas. Ese es el principal argumento para no entrar al programa de la fiscalía.
Las recientes jornadas en La Hormiga y Puerto Asís del Programa de Justicia y Paz, evidenciaron que cuatrocientas desapariciones más se suman a las descabelladas cifras de muertes y desapariciones que llegan a las mil desde 1998.
En todos los casos las preguntas formuladas sobre si tienen defensor han sido respondidas negativamente. No han tenido ningún tipo de contacto.
En dos casos las personas saben que la reparación judicial sólo busca conocer la verdad de lo sucedido y hallar a los responsables para que respondan penalmente.
Otros han creído en que el Personero Municipal, quien ha entregado formularios para ser diligenciados ante Acción Social, es el Defensor Público y argumentan que no han tenido mayor contacto.
En lo que va corrido de la expedición de la ley de Justicia y Paz, sólo se han realizado dos jornadas de asistencia en Puerto Asís y La Hormiga, que son las regiones donde se considera esta la mayor concentración de desaparecidos. Lo peor es que los hallazgos continúan y se espera se reinicien las labores de búsqueda en nuevas fosas que ya fueron identificadas.
En las siguientes dos semanas se cumplirán jornadas de orientación por parte de la Fiscalía en las localidades de Villagarzón, La Hormiga y Puerto Asís, programadas hasta el 13 de febrero. Esperan recibir mayor orientación de parte del programa.
La situación en el bajo Putumayo con respecto a la aplicación del Programa de Justicia y Paz, particularmente en los Municipios de Puerto Asís y Orito no ha tenido la asistencia que esperan quienes se han vinculado. De igual manera hay desconocimiento casi total sobre las bondades de este.
Existe confusión entre las víctimas sobre la reparación por vía administrativa y por la vía judicial. Se ha logrado percibir que estas personas se interesaron por llenar los formularios cuando Acción Social les dijo que la reparación sería económica. Algunos como en el caso de Ruth Suárez, quien sufre el flagelo de la desaparición de su hijo hace 30 meses, prefieren no tener relación con el programa y guarda la esperanza de tener noticias o pruebas de supervivencia.
Algunos, en otros casos manifiestan haber elaborado documentos hace alrededor de dos años, como Emérita Revelo, quién dice que su hijo Robert Llerena Revelo desapareció en La Hormiga y nunca logró recuperar documentos de él. Sólo hace un año envío algunos requerimientos para ingresar al programa de Acción Social. Dice que en el mes de diciembre de 2007 recibió una carta de la Fiscalía pero a su edad no entiende los términos y no sabe que hacer.
Otro caso como el de Yolanda Bocanegra, quien ha abandonado el Putumayo por las condiciones económicas de la región, ha confiado copias de documentos a alguna persona que se ha ofrecido para adelantar gestiones en Bogotá. Su hijo Jorge Erazo Bocanegra desapareció hace seis años y saben que esta muerto.
Henry Díaz Rosero, afirma que ha recibido tres escritos del Programa de Justicia y Paz, pero no ha tenido ningún tipo de contacto con el defensor público. La última carta la recibió en diciembre pasado. Neila Emperatriz Rosero su madre, murió a manos de un grupo armado hace seis años.
Los familiares de personas secuestradas que han revelado sus casos y que no supera las diez en la región, mantienen la esperanza y esperan noticias suyas. Ese es el principal argumento para no entrar al programa de la fiscalía.
Las recientes jornadas en La Hormiga y Puerto Asís del Programa de Justicia y Paz, evidenciaron que cuatrocientas desapariciones más se suman a las descabelladas cifras de muertes y desapariciones que llegan a las mil desde 1998.
En todos los casos las preguntas formuladas sobre si tienen defensor han sido respondidas negativamente. No han tenido ningún tipo de contacto.
En dos casos las personas saben que la reparación judicial sólo busca conocer la verdad de lo sucedido y hallar a los responsables para que respondan penalmente.
Otros han creído en que el Personero Municipal, quien ha entregado formularios para ser diligenciados ante Acción Social, es el Defensor Público y argumentan que no han tenido mayor contacto.
En lo que va corrido de la expedición de la ley de Justicia y Paz, sólo se han realizado dos jornadas de asistencia en Puerto Asís y La Hormiga, que son las regiones donde se considera esta la mayor concentración de desaparecidos. Lo peor es que los hallazgos continúan y se espera se reinicien las labores de búsqueda en nuevas fosas que ya fueron identificadas.
En las siguientes dos semanas se cumplirán jornadas de orientación por parte de la Fiscalía en las localidades de Villagarzón, La Hormiga y Puerto Asís, programadas hasta el 13 de febrero. Esperan recibir mayor orientación de parte del programa.
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