El 9 de agosto de 2008, se propuso una movilización para pedir al gobierno nacional fuera expedida la licencia ambiental para el proyecto de la variante Mocoa-San Francisco. En diciembre de ese año se hizo efectiva y se inicio el proceso de licitación de la obra. El proyecto que tendría un costo aproximado de 450 mil millones de pesos, sería financiado a través de un crédito ante el Banco Interamericano de Desarrollo BID por Colombia.
Ahora resulta que las reclamaciones de las comunidades indígenas hechas en Estados Unidos truncan el proyecto y se argumenta que la obra se paraliza por falta de dinero, estando firmados los contratos y listos para empezar en enero de 2011.
De quien es el error si fue que lo hubo y nacen una serie de interrogantes sobre el tema. Cuando se dijo que los estudios técnicos, ambientales y socio económicos los poseía el BID, quedamos felices. Se asume que ese estudio debió contemplar entre otros, el diálogo con las comunidades presentes en la zona a través del trazado de los 48 kilómetros de construcción y conocer sus inquietudes. El gobierno nacional expide a través del Ministerio del Interior una certificación donde se expresa que no hay presencia de comunidades en ese trazado. Entonces la primera pregunta es ¿De donde surgen esas contradiciones al respecto?
Si se habla de un estudio serio y profesional, para que entonces decir que no se afectaba población indígena allí. Se asume que como mínimo el impacto del proyecto debía contemplar ese detalle porque se deberían desprender a futuro, proyectos de mitigación en educación, en salud, en electricidad y socio económicos de la región cuando la vía estuviese hecha. Es más, se habla que la explotación de cobre y molipdeno es una concesión que esta vigente y ellos, la firma que explotaría esa región también debían apoyar a las comunidades en obras de desarrollo.
Pero pasa lo del petróleo, que la riqueza se va y nadie se compromete con las obras. Por supuesto que las firmas exploradoras no deben hacer los proyectos, pero el gobierno debería inventarse una forma de exigir que durante los años de producción la empresa se comprometa a contratar quien ejecute las obras que requiera la región, algunas no todas, para eso son las regalías. Si eso hubiese pasado hace 35 años sólo por poner un ejemplo, las carreteras del Putumayo deberían estar pavimentadas hace unos 20, si el gobierno y la Texas hubiesen pensado un poquito en el futuro del departamento.
Nace otra inquietud; el planeta, el continente americano, las cordilleras del nudo de los Pastos, están en constante cambio y movimiento. Necesariamente una obra de tal envergadura como la variante debe tener un impacto ambiental. ¿Es entonces vñalido el argumento de las comunidades indígenas de exigir "las consultas previas" si nunca se hicieron? ¿Pero también se pregunta sobre la evidencia del interés privado o particular sobre el interés común o colectivo del sur del país que debe prevalecer ante el primero?
Promovimos una marcha para que el gobierno de Álvaro Uribe expidiera la licencia ambiental. ¿Se deberá hacer otra para que se hagan las consultas previas? Hoy son cerca de un millón de personas que piden se haga el proyecto.
